El objeto de esta Circular es establecer, para el año 2022, determinadas actuaciones a llevar a cabo por parte de las comunidades autónomas, en coordinación con este Organismo, y cuya verificación, mediante los correspondientes controles sobre el terreno y/o administrativos permitirá conocer si los beneficiarios del pago verde respetan o no las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente. Todo ello garantizando la aplicación armonizada de la reglamentación comunitaria y de la normativa básica de desarrollo de competencia estatal, así como la igualdad de tratamiento entre los posibles solicitantes de la ayuda y los beneficiarios de la misma.

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